LA SEMANA PASADA, EN UNA REEDICIÓN (no corregida pero si aumentada) de la escena que vimos en 2015, se anunció un recorte presupuestal de 132,000 millones de pesos. El año pasado, a Petróleos Mexicanos le tocó asumir la mitad del recorte total de 124,000 millones. Este año, la empresa productiva del Estado deberá reducir su presupuesto en 100,000 millones de pesos. Esta cifra representa tres cuartas partes de la disminución presupuestal del Estado mexicano; y algo más del 20% del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a la petrolera.

El anuncio del recorte presupuestal y sus probables consecuencias, nos llevan a formular los siguientes comentarios:

1.- En los último 35 años, todas las reformas que se han hecho y deshecho en el país; y los cambios -unos más radicales que otros-, ensayados en las políticas públicas; no han logrado modificar un dato esencial de nuestra realidad: cuando hay una disminución importante del precio del crudo, se recurre invariablemente a un recorte presupuestal. En ese sentido, el anuncio de la despetrolización de las finanzas públicas mostró ser, ese sí, un “mito genial” (para citar a un clásico, hoy muy activo en el sector energético). La disminución del peso de los ingresos petroleros en los ingreso fiscales del Estado, es más el resultado de la caída de los precios del crudo, que de una modificación substancial de la estructura y alcances de nuestro régimen recaudatorio.

2.- Mientras Pemex siga siendo utilizado como factor de ajuste de las cuentas nacionales, el grado de autonomía presupuestal que le confirió la reforma energética, seguirá siendo poco más que un conjunto de frases aspiracionales contenidas en la Ley de Pemex; pero ahogadas en el mar de la correlación de fuerzas internas del grupo gobernante.

3.- El ajuste presupuestal que se le solicita a Pemex, por cuya magnitud tendrá repercusiones en proveedores, contratistas y por ende, en varias economías regionales; solo puede tener sentido, si va acompañado de un esfuerzo solidario del Estado para con su empresa. Este esfuerzo pasa necesariamente por modificar partes de la reforma que hoy resultan ser un obstáculo para el adecuado desempeño de la petrolera nacional. El primero y urgente, es el cambio en el límite de deducción de los costos de producción de Pemex. Ya antes hemos señalado en este espacio que, con los precios actuales, Petróleos Mexicanos puede deducir menos de la mitad de lo que deducía antes de la reforma. El segundo implica modificar la Ley de Hidrocarburos para que sea el propio Pemex quien escoja a sus aliados. No resulta congruente que el Consejo de Administración pueda organizar, regular y supervisar a la empresa productiva; pero no pueda establecer un mecanismo transparente, ágil, eficiente y equitativo de selección de aliados en las áreas previamente autorizadas por las autoridades regulatorias.

Un comentario final: en los próximos meses sabremos a cuanto ascendieron los remanentes de operación del Banco de México. Por su orden de magnitud, podremos valorar hasta que punto hubiera sido necesario el recorte de no haberse modificado la Ley de Presupuesto para destinarlos al pago adelantado de deuda. Ello nos dará un idea del peso de los criterios financieristas en el diseño de la política económica.