CADA NUEVA VISITA QUE REALIZA EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO al estado de Veracruz lo aguardan problemas y noticias que no hacen placentera su estancia en la entidad hacía sea ésta de unas cuantas horas. Y un conflicto que en los últimos meses le ha dado la bienvenida es el que mantiene en permanente confrontación a la universidad veracruzana y al gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Recientemente llegó a la ciudad de Poza Rica para premiar a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica por su destacado papel en las áreas de robótica, mecatrónica y sistemas computacionales y mientras en este lugar el mandatario del país hablaba de los logros de la reforma educativa y el venturoso futuro para los egresados, en los edificios universitarios de la ciudad se colocaban mantas en apoyo a las autoridades universitarias y difundían una carta abierta dirigida al Ejecutivo federal dándole los pormenores del problema y pidiendo su inmediata intervención.

Y es que la falta de una comunicación clara, responsable y honesta entre las partes en conflicto lo ha prolongado, poniendo en riesgo las tareas fundamentales del centro de altos estudios como son la docencia, la investigación y la difusión cultural. La rectora Sara Ladrón de Guevara no se ha movido de su demanda de la entrega a la institución por parte del gobierno del estado de 2 mil 76 millones de pesos constituidos con fondos federales y estatales desde el 2013, en tanto el gobierno estatal niega adeudar esa suma y, por el contrario, insiste en que si se hacen cuentas claras, la universidad le saldría debiendo.

Ante los infructuosos resultados de las numerosas reuniones entre los representantes universitarios y los funcionarios del gobierno estatal, las autoridades académicas decidieron demandar por la vía penal a quiénes resulten responsables dentro del gobierno de la no entrega de los 2 mil 76 millones de pesos a que tiene derecho, de acuerdo a su investigación, la universidad veracruzana.

Si el gobierno del estado tarda mucho en reconocer su compromiso financiero con la institución educativa o se empecina en refutar y contraatacar la legítima solicitud de entrega de los fondos económicos federales y estatales que le demanda la universidad veracruzana, podría propiciar que el problema salte al espacio político-electoral en donde los intereses de los partidos y candidatos encontrarían material explosivo para reactivar sus actividades de campaña.

Aparte, la comunidad universitaria que contempla a maestros, alumnos y trabajadores así como a los egresados y que hasta ahora ha permanecido pasiva o ha protestado de manera aislada, podría despertar y organizarse y su movilización podría agudizar el conflicto. ¿Para qué llegar a ese punto si haciendo a un lado la obstinación oficial podría hallarse una salida al problema?