Los resultados de la tercera convocatoria de la Ronda Uno, que se fueron conociendo a lo largo del pasado 15 de diciembre, sorprendieron a propios y extraños. La Secretaría de Energía, que parece haber aprendido a moderar, si no sus expectativas, si la expresión pública de las mismas; afirmó días antes del evento, que se conformaba con colocar cinco bloques.
En esta ocasión, se licitaron 25 campos terrestres para la extracción de hidrocarburos; tanto de aceite y gas, como de gas no asociado, algunos de los cuales se encuentran en producción. Uno de estos campos que se licitaron, el de Cuichapa Poniente, constituye una verdadera ironía de la Historia: el destacado investigador universitario, Fabio Barbosa Cano, en un documento de trabajo inédito, nos informa que fue descubierto en 1934, "siendo una de las últimas perforaciones de El Aguila", la compañía subsidiaria de la Royal Dutch Shell, expropiada por el Gral. Lázaro Cárdenas del Río.
Las 25 áreas de esta convocatoria fueron licitadas bajo la modalidad contractual de "licencia". En este caso, el contratista paga dos regalías: la básica que, a los precios actuales, será del orden del 7.5% del valor de la producción; y la adicional, que fue el valor ofrecido por los licitantes. Además aplican un par de Derechos menores y el ISR. A diferencia de los contratos de producción compartida de las dos primeras convocatorias, en estos contratos no se recuperan los costos de exploración y extracción.
Tal y como ha venido aconteciendo desde la primera convocatoria, La Secretaría de Hacienda fue muy generosa con los participantes. De entrada, no solicitó el bono a la firma previsto en la ley, que si bien no es obligatorio, hubiera podido ser otro elemento para definir la adjudicación. Después, continuó evadiendo el mandato constitucional de "reconocer a Pemex el justo valor de las inversiones realizadas" en estas áreas; así que no planteó ninguna previsión al respecto. El bono a la firma hubiera podido ser de, al menos, ese "justo valor económico".
Finalmente, los valores mínimos establecidos para la regalía adicional, oscilaron entre el uno y el diez por ciento, del valor de la producción. Esto significa que la SHCP estuvo dispuesta a ceder más del 90% del valor de la producción a los operadores privados. Curiosa manera de entender el mandato de maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano.
Las ofertas de los licitantes resultaron ser muy elevadas (y dispares). Como resultado, veinte campos fueron adjudicados a once empresas mexicanas y cinco a tres consorcios extranjeros. La SHCP ha indicado que el Estado recibirá hasta el 93% de los ingresos brutos: en este caso, el restante 7% servirá para cubrir todos los costos del operador. Misión difícil en estos tiempos.
Hay quien ha dicho que se ha plantado la semilla de una nueva industria petrolera mexicana. Puede ser; pero tal vez no en la estación correcta. La falta de experiencia, combinada con precios bajos y urgencia de mantener la producción, puede ser una barrera difícil de franquear. Por no hablar del riesgo ambiental que representa el incipiente desarrollo institucional de la ASEA. Ni de la siempre latente movilización social, ante la entrega de campos hasta ahora en manos de Pemex.
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