SABIDO ES QUE LOS INGRESOS PROPIOS de los ayuntamientos por cobro de impuesto predial así como por derechos y servicios constituyen una mínima parte de presupuesto que requieren para cubrir las crecientes demandas de su población.
La mayor parte de los ayuntamientos dependen de las participaciones y aportaciones de la federación para realizar obra pública y ampliar los servicios indispensables a la ciudadanía.
Cuando las participaciones y aportaciones federales no llegan en tiempo y forma a los ayuntamientos, estos se ven imposibilitados a cumplir con sus obligaciones y el reclamo airado de la ciudadanía no se hace esperar. La inconformidad de los gobernados se expresa mediante la demanda verbal, por escrito, con marchas, plantones y toma de calles y carreteras y en casos extremos, con la retención de funcionarios municipales o estatales.
Lo grave de esta situación es que el gobierno federal a través de sus dependencias afirma siempre que las aportaciones y las participaciones que le corresponde entregar las envía a los gobiernos de los estados conforme al calendario fijado y estos, sólo como intermediarios, debieran hacérselos llegar con prontitud a los ayuntamientos y es precisamente en las tesorerías estatales en donde se incumple con ese compromiso.
Y la inconformidad de las autoridades municipales bajo la presión ciudadana no se hace esperar. Veamos algunos ejemplos. El Ayuntamiento de Córdoba reclama que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, SEFIPLAN, no le ha entregado 30 millones de pesos provenientes de recursos federales; en tanto el gobierno municipal de Coatzacoalcos señala que el dinero del Fondo Metropolitano aprobado en el 2014 y que asciende a 47 millones de pesos no ha ingresado a las arcas municipales a pesar de que está por concluir el año y ya se aprobó la nueva ley de Egresos Federales para el 2015; por su parte, el alcalde de Boca del Río amenaza con recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si SEFIPLAN no le deposita cuanto antes los 360 millones de pesos de fondos federales y estatales que le adeuda al ayuntamiento.
Recientemente se supo que el gobierno estatal no entregaba recursos federales y estatales porque los mezclaba en una licuadora, es decir, todas las participaciones federales, a pesar de estar etiquetadas para rubros diferentes, terminaban en una cuenta concentradora de la que disponía libremente el gobierno estatal.
Como un intento de corregir ese abuso de los gobiernos estatales, el diputado del PRD, Julio Saldaña Morán ha propuesto en la tribuna una reforma al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los municipios reciban las participaciones de la instancia estatal correspondiente, dentro de los cinco días naturales, y en el caso de incumplimiento por parte de los estados, la federación hará la entrega directa a los municipios, descontando la participación del monto que corresponda al Estado en un plazo no mayor de 30 días hábiles”.
La reforma parece racional y necesaria. Sin embargo, si se toma en cuenta que la mayoría de los gobernadores controlan a las bancadas de diputados de sus respectivos partidos y esta modificación a la ley afectaría la manipulación de los recursos federales destinados a los municipios, es muy probable que sea archivada para mejores tiempos.