NO HAY PARA CUÁNDO LAS NOTICIAS TRÁGICAS propiciadas por la delincuencia en la zona sur de Veracruz dejen de ser materia periodística a nivel regional, estatal y nacional.
Más tardan los titulares de las dependencias estatales encargadas de la seguridad pública en organizar mesas de trabajo con las autoridades municipales, los sectores sociales y productivos de la región para examinar la situación crítica en Coatzacoalcos y exponer estadísticas optimistas del combate a la delincuencia, que ésta en mofarse de los operativos policiacos realizando acciones ilegales que mantienen a la población en constante preocupación, miedo y en algunos casos, pánico.
Así lo demuestra el corto tiempo transcurrido entre la más reciente reunión llevada a cabo el pasado 22 de octubre y el crimen del electricista Roberto Lara Velázquez y el licenciado Rodolfo Zapata Carrillo, así como la multiplicación de los secuestros, asaltos y robos.
En la más reciente reunión se llegó a la misma conclusión que en las anteriores: los sectores productivos y sociales demandan mayor seguridad, mayor número de policías y más eficiencia en los operativos y la Secretaría de Seguridad Pública responde que están haciendo su máximo esfuerzo, que ya vienen en camino más efectivos mejor preparados y pertrechados y que los resultados positivos se verán pronto.
De los que acuden a las reuniones, nadie confía en las palabras de los encargados de la seguridad pública estatal. No hay credibilidad en la institución y ello se debe a que los resultados marchan en sentido contrario a las expectativas ciudadanas de recuperar la seguridad en sus calles, en sus hogares, en sus negocios, en sus empresas, en sus áreas recreativas.
Lamentablemente, cuando los operativos policíacos respaldados por el sector naval y hasta el ejército parecen exitosos, los agentes del ministerio público, los jueces y los abogados defensores de los delincuentes demuestran lo contrario al quedar en libertad los presuntos hampones gracias a una averiguación previa mal integrada, por violación a los derechos humanos o porque los delitos alcanzan fianza y a criterio del juzgador los indiciados no manifiestan peligrosidad.
De nada sirve el valor civil del ciudadano al interponer su denuncia y ratificarla, si todo lo anterior se confabula en su contra y luego no se atreve a salir de su hogar o vive preocupado por la represalia de los delincuentes a los que se atrevió a denunciar.
La impunidad es la que ha ahuyentado de la barandilla policiaca, de la agencia del ministerio público y de los juzgados penales a los ciudadanos víctimas de los malhechores y esa misma impunidad provoca que más y más individuos incursionen en la delincuencia a sabiendas que no serán castigados y si son aprehendidos, un buen abogado y una fianza los pondrá de nueva cuenta en circulación para que continúe cometiendo fechorías.
En eso estriba el desencanto y frustración de muchos elementos del sector naval que han manifestó su desacuerdo en que ellos arriesguen la vida atrapando delincuentes y estos más tardan en entrar que en salir de la prisión.
Por una parte la impunidad y por otra la ineficiencia de los operativos policiacos por falta de personal y equipamiento, han hecho de esta zona sur un espacio que demanda con urgencia la atención del gobierno federal y el reforzamiento de un programa efectivo para combatir el crimen.
La legisladora Mónica Robles ha expresado que la situación en Coatzacoalcos es alarmante y que el mando único no ha sido suficiente para proteger la vida de la ciudadanía, por lo que demandó aquí la presencia de la Gendarmería Nacional. Esta exigencia de la diputada no debe quedarse en meras declaraciones periodísticas que en nada comprometen ni tienen repercusión política o legal. La legisladora, si realmente está consciente de la problemática local y desea contribuir a su solución, debe ocupar la tribuna del Congreso local, junto con su homólogo el doctor Rafael García Bringas, ambos como representantes de este distrito, para pedirle a sus pares que realicen juntos un exhorto al gobierno federal para que la gendarmería aterrice en esta zona. Hacerlo sin temor a que el gobernador Javier Duarte de Ochoa se moleste, pues él mismo ha declarado que solicitó para Veracruz la Gendarmería, sin que tuviera eco su petición.