RECIENTEMENTE, EL FISCAL GENERAL del Estado, LUIS ANGEL BRAVO CONTRERAS, se quejó de que el fuero constitucional que gozan los servidores públicos de representación popular impedía que la justicia fuera pronta y expedita, pues el juicio de procedencia que la representación social tiene que gestionar ante el Congreso local para que un servidor público sea desaforado puede tardar semanas o meses, tiempo suficiente para que el presunto culpable de algún delito ponga pies en polvorosa y eluda la acción del brazo ejecutor de la ley.
Y no le falta razón al fiscal. El fuero constitucional se estableció como una protección a los funcionarios públicos de alto rango sean de la federación o de los estados en contra de eventuales acusaciones sin fundamento de sus adversarios políticos y para mantener el equilibrio.
En Veracruz, la Constitución le otorga fuero o inmunidad el gobernador, los diputados, secretarios de despacho, el Fiscal General de Justicia, el Contralor General, magistrados, presidentes municipales o de consejos municipales, síndicos, el Consejero Presidente, consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Todos ellos no pueden ser sujetos de un proceso penal si antes no se declara el juicio de procedencia o desafuero por el Congreso local. Sin embargo, ello no impide que la Fiscalía lleve a cabo la averiguación previa de un presunto delito cometido por un servidor público, aguardando, en el mejor de los casos, a que concluya su periodo y ya sin fuero, proceder en su contra.
La tardanza en el procedimiento de desafuero de un representante popular o funcionario púbico obedece en parte a las discrepancias o complicidades entre los diputados de los diferentes partidos, dándose el caso en que se admitan las solicitudes contra unos o se proteja a otros, generando siempre sospechas la aprobación del desafuero o su rechazo en el pleno de diputados.
Para el caso, resulta de especial relevancia que el gobernador Javier Duarte de Ochoa el pasado 18 de marzo enviara una iniciativa al Congreso local tendiente a eliminar el fuero constitucional para todos los servidores públicos, incluyendo al propio gobernador, como una manera de evitar que no se atrase ni se eluda la acción de la justicia.
Y en este tema de la eliminación del fuero constitucional no hay necesidad de abundar en foros, mesas redondas, consulta pública, consulta a expertos en el tema y demás, pues los veracruzanos estamos convencidos que ante la ley, todos debemos ser iguales y el fuero no puede ser un escudo para servidores públicos deshonestos o delincuentes, del nivel que sea.
Ahora toca esperar cuánto tiempo se llevará el honorable y expedito Congreso local en discutir lo obvio y aprobar la eliminación del fuero constitucional en Veracruz o si definitivamente enviarán la iniciativa a la congeladora, por no convenir a sus intereses.