Una cosa es cierta: las estadísticas que maneja el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa y el secretario de Gobierno, Flavino Rios Alvarado que indican que la delincuencia va a la baja en el sur de Veracruz, y en especial, en Coatzacoalcos, no coinciden con la realidad que viven los habitantes de la región.
No se puede negar que esta zona ha tenido atención de especial trato en cuanto a combatir la delincuencia y prueba de ello es que el gobierno estatal estableció el programa “Veracruz Seguro”, “”el mando único” y el blindaje policiaco y para ello dispuso de la policía estatal, la fuerza civil, la policía acreditada, el grupo antisecuestro y hasta la participación del ejército y el sector naval.
Cierto, pero todo ha sido inútil o al menos, no se han conseguido ni medianamente los objetivos de disminuir los índices de violencia y delincuencia común y organizada que incluye robos a casa habitación, asaltos a mano armada, asaltos a bancos y comercios, robo de vehículos, extorsión, levantones y homicidios.
Por Coatzacoalcos han desfilado numerosas y flamantes patrullas y cientos de elementos policiacos uniformados y de ello dan amplia cuenta los medios de información, provocando el beneplácito de las autoridades municipales y el alivio de la ciudadanía.
Pero esa aparatosa escenografía policíaca se nulifica cuando no permanece en la región la totalidad del destacamento, sino que se fracciona y distribuye a otros lugares que demandan apoyo estatal por padecer la misma problemática delicuencial, quedando en Coatzacoalcos un número reducido de vehículos y elementos de seguridad a todas luces insuficiente para resguardar la vida y las pertenencias de los ciudadanos.
De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio local, España, actualmente en Coatzacoalcos existen 300 elementos policíacos, cuando en proporción a su población debía contarse con 800 uniformados bien preparados en tácticas de investigación y persecución y en el respeto a los derechos humanos.
Achacarle la culpa de la creciente ola de delincuencia en Veracruz a los estados colindantes como Tabasco, Oaxaca y Chiapas es sólo querer eludir la responsabilidad propia para enfrentar el problema con seriedad. Por el contrario, hay que aceptar primeramente que la zona sur es un foco rojo que merece una atención más amplia, responsable y permanente y que exige mayor número de efectivos policíacos adiestrados y un verdadero ejercicio del “mando único”, pues tal parece que cada corporación policíaca e institución militar o naval lo entiende a su manera y su trabajo desorganizado lo único que hace es garantizar a los delincuentes que sus acciones quedarán impunes.
Pero no sólo el gobierno estatal debe involucrase más en combatir la delincuencia, también las instituciones bancarias y los grandes comercios que cada año anuncian fabulosas ganancias están obligados a brindarle seguridad y protección a sus clientes, por lo que deben contratar vigilancia particular. El colmo es que una empresa trasnacional como Wallmart recurra a un amparo en contra del Ayuntamiento local para no establecer un programa y equipo de seguridad en sus instalaciones y estacionamiento, lo que refleja muy poco aprecio y respeto a su clientela.