(21-sep-15)
Tras haberse adjudicado los dos bloques correspondientes a la primera convocatoria de la Ronda Uno, comentamos que el reparto de la utilidad esperada por su explotación estaba en línea con lo observado en el mercado internacional. Mientras México puede obtener algo más del 80%, Brasil espera retener entre el 80 y el 85% de los beneficios del yacimiento Libra; y en Noruega la tasa marginal impositiva en este tipo de contratos es del 78%. Aunque la historia hubiera sido distinta, si dichos bloques se hubieran concedido con el 40% de utilidad operativa, establecido como valor mínimo aceptable.
Ahora bien, el pasado 14 de septiembre, la Secretaría de Hacienda anunció que, para la licitación que se efectuará el próximo día 30 del presente mes, los porcentajes mínimos aceptables de participación del Estado en la utilidad operativa, oscilarán entre el 30.2% para el campo Xulum; y el 35.9% para el campo Hokchi. De entrada, llama la atención que no hay un solo valor repetido entre los cinco que se dieron a conocer. También que se llega hasta precisar un decimal de cada punto porcentual. Recordemos que una de las críticas que hicieron varias empresas a los valores establecidos en la primera convocatoria, fue que eran números (40 y 25%) que no parecían buscar ajustarse a la situación geológica de cada campo.
Pero lo más significativo, es que estos valores traducen la voluntad de adjudicar el mayor número de contratos, por encima de cualquier otra consideración. De maximizar el número de campos otorgados, aún si con éllo se minimiza la renta que obtendrá el Estado. Estos valores, mínimos en más de un sentido, constituyen la componente cuantitativa de una respuesta gubernamental que otorga un carácter teleológico a la apertura petrolera. La apertura como un fin en sí misma.
Solo desde esta perspectiva, se puede entender que para los cinco contratos de extracción que se pretende adjudicar en la segunda convocatoria; y que involucran áreas sin riesgo geológico, la SHCP esté dispuesta a recibir porcentajes de participación en la utilidad operativa, inferiores al 40% que estableció para los dos bloques adjudicados en la primera convocatoria y en los que si hay un riesgo geológico asociado.
En contraste con el generoso trato fiscal dispensado a las operadoras privadas; en el paquete económico enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, no se contempla ninguna modificación a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la que se define el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. No se considera siquiera una modificación al límite de deducción de la petrolera. Para 2016, conforme a lo aprobado el año pasado, el límite de deducción apenas se eleva a 11.075% del valor de la producción. Si consideramos el precio promedio de 50 dólares por barril, con que se construyó el mismo paquete económico; Pemex solo podría deducir 5.54 dólares por barril producido. En cambio, los contratistas podrían recuperar costos, hasta por 30 dólares por barril (60% del valor de la producción), conforme a las bases de licitación de los contratos.
El año que entra solo Pemex producirá petróleo; pero un día esta brutal asimetría fiscal podría materializarse. ¿De verdad piensan en el Gobierno que sería políticamente sostenible?