NADIE HUBIERA CREÍDO QUE LA MUJER POLÍTICAMENTE MÁS PODEROSA DEL PAÍS, lideresa del sindicato con más agremiados y aliada de presidentes y gobernadores terminara en un reclusorio acusada de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Utilizada en su momento por el presidente Carlos Salinas de Gortari para derrocar al viejo líder magisterial Carlos Jonguitud Barrios, desde 1989 terminó convirtiéndose en una réplica del cacique magisterial derrocado, eso sí, con más habilidad sindical, colmillo político y férreo control de sus agremiados, lo que la llevó a ser tres veces diputada federal, senadora y secretaria general del PRI.
El presidente entrante, Enrique Peña Nieto y el PRI no le perdonaron sus coqueteos traicioneros con los candidatos presidenciales del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón y hasta sus insinuaciones con Andrés Manuel López Obrador así como sus actitud prepotente y amenazadora sustentada respaldada en el sindicato nacional de maestros y el ajuste de cuentas fue tajante al capturarla y remitirla a prisión, donde permanece desde hace dos años y, al parecer, su estancia en la torre médica del penal de Tepepan se prolongará más tiempo.
La defensa de la profesora Elba Esther Gordillo había solicitado al juez que la prisionera continuara su proceso legal desde su domicilio, argumentando primero razones de salud y, luego, solamente amparándose en la gracia que la ley penal concede a las personas mayores de setenta años.
Sin embargo, el juez le negó ese beneficio, al señalar que esa misma ley establece que “no gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia”.
En otras palabras, el juez dijo que la defensa de la acusada no pudo demostrar que doña Elba Esther no trataría de fugarse de su domicilio y escapar a la justicia, aunque tampoco la Procuraduría demostró que eso es lo que haría la maestra tan pronto y pusiera un pie fuera del penal. Total, que ante su duda, el juzgador se abstuvo de remitir a su hogar a la procesada, por lo que ahora sus abogados tendrán que interponer un recurso de apelación en un Tribunal Unitario de Circuito para intentar echar abajo la decisión del juez.
Lo que no deja de llamar la atención es cómo podría probarse ante un juez que un procesado no tiene intenciones de fugarse si deja la penitenciaría y se le recluye en su domicilio. ¿Acaso con un detector de mentiras, haciéndolo jurar con la mano sobre la Biblia o la Constitución, teniendo enfrente a un Notario Público o llamando a un clarividente?
A todas luces, la profesora Elba Esther Gordillo, sin librarla de sus posibles y reales culpas, es objeto de una venganza política y un ajuste de cuentas al igual que en su momento lo fue don Joaquín Hernández Galicia, la Quina, el poderoso líder petrolero que pasó 9 años en prisión acusado de los delitos de acopio de armas y homicidio, cuando en el fondo se trataba de un desquite presidencial por haber supuestamente apoyado a un candidato opositor y no al candidato oficial del PRI.
Lo que no entiende doña Elba Esther y sus asesores jurídicos es que, por bien estructurada y sustentada que esté su defensa, ningún proceso judicial apegado a la ley le abrirá las puertas de la prisión si antes no cuenta con el perdón presidencial.
Lástima que ya no pueda preguntárselo doña Elba Esther a don Joaquín.