Dr. FLUVIO RUIZ ALARCON

A casi dos semanas de haberse realizado la adjudicación de los bloques exploratorios, correspondientes a la primera convocatoria de la Ronda 1; podemos afirmar que se trató de un acontecimiento histórico desde el punto de vista simbólico. Entendido lo "simbólico", como el espacio de mediación que permite en el plano racional, la homogeneización y articulación de las esferas económica y política de una sociedad. Es decir, donde un hecho económico cobra pleno sentido político y viceversa. En el caso de las adjudicaciones hechas el pasado 15 de julio, mucho se dijo que se rompía con 77 años de monopolio de Pemex "aguas arriba" de la cadena de valor petrolera. Lo cierto es que terminaron 100 años de una cierta forma de aproximación del Estado mexicano hacia el sector petrolero, que se inició el 19 de marzo de 1915 con la creación de la Comisión Técnica del Petróleo; tema del que nos ocupamos en su momento en estas páginas.
En el mismo plano de lo simbólico, llamó mucho la atención que una semana antes de esta primera licitación, en una reunión con corresponsales de medios extranjeros, el secretario de energía diera a conocer que Pemex no presentaría propuestas para las primeras tres convocatorias. Una vez más, en las formas, se atropelló la autonomía de gestión obtenida en la reforma energética, por la flamante empresa productiva del Estado. Además, se insertó un factor de distorsión del proceso pues, a todas luces, tener conocimiento de que el operador nacional y principal productor mundial en el tipo de campos en juego, no participaría, no es algo inocuo. Es altamente probable que la decisión (quienquiera que la haya tomado), de que Pemex no participara, hubiera tenido por objeto propiciar un mayor interés entre las empresas y consorcios precalificados, al quedar fuera el competidor con mejor conocimiento de la zona. Sin embargo, para licitantes poco conocedores de la realidad política mexicana y acostumbrados a tomar en forma autónoma sus decisiones de negocio, el anuncio de la no participación de Pemex pudo provocar suspicacias sobre el potencial productor de los bloques ofertados, inhibiendo así su participación.
Por otro lado, el argumento utilizado de la disminución de los precios del petróleo y las dificultades financieras de Petróleos Mexicanos parece del todo insuficiente. La caída de los precios se dio desde hace casi un año y afecta a todas las petroleras. De manera que, siguiendo esta línea de argumentación, Pemex ni siquiera se debió haber anotado para participar en esta convocatoria. Mucho menos parecería probable su participación anunciada -así sea en alianza con otros operadores- para aguas profundas, donde se requiere mucha más inversión en "tiempo, dinero y esfuerzo", como reza el dicho popular. Además, al esgrimirse dificultades financieras para justificar la ausencia de nuestra petrolera, se pone en cuestión la metodología empleada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos para evaluar económicamente a los posibles participantes en una licitación. ¿Tan flexible es la metodología en cuestión que la CNH no advirtió esta posibilidad? Es muy distinto desistirse de participar porque el potencial productivo o la tasa de retorno de la inversión no son satisfactorios; que hacerlo por dificultades financieras tardíamente advertidas.
No parece descartable la idea de que el retiro de Pemex de esta primera licitación, en realidad fuera el resultado de una aplicación de facto del artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos. Este artículo, recordémoslo, establece que la Sener, por si misma o a instancias de algún órgano regulador, puede instruir a Pemex a no realizar ciertas actividades si, a su juicio, se obstaculiza el establecimiento de condiciones efectivas de competencia.
En cualquier caso, 34 empresas y consorcios fueron preclasificadas para esta primera convocatoria pero solo 9 se presentaron el 15 de julio. De los catorce bloques en disputa, solo seis recibieron alguna propuesta. De estas, cuatro estuvieron por debajo del mínimo establecido por la Secretaría de Hacienda. Al final, como se sabe, solo dos bloques fueron asignados. Ambos al consorcio liderado por la naciente empresa basada en México, Sierra Oil and Gas. En los días previos a la adjudicación, el propio secretario de energía estableció que consideraría exitoso el proceso si se colocaban el 30 o 40 por ciento de los bloques ofertados. Es decir, si se daban cuatro o cinco adjudicaciones. A partir de ese parámetro, el resultado de esta primera convocatoria quedó a la mitad de las expectativas fijadas desde el propio Gobierno Federal.
Es importante señalar que el consorcio ganador en ambos bloques, hizo ofertas de participación del Estado en la utilidad operativa, sensiblemente superiores al mínimo establecido por la SHCP, que fue de 40%. El bloque 2 fue obtenido por Sierra Oil and Gas con una oferta de 56% y el bloque 7 con una de 69%. Al sumarse regalías e ISR, el Estado mexicano, si es capaz de establecer un adecuado control sobre la recuperación de costos del contratista y en función de los precios observados del crudo, puede aspirar a retener alrededor del 80% de la ganancia total del crudo producido. Este reparto está en línea con lo observado en el mercado internacional. Por ejemplo, Brasil espera retener entre el 80 y el 85 por ciento de los beneficios del yacimiento Libra y en Noruega la tasa marginal impositiva en este tipo de contratos es del 78%. Ahora bien, no está de más hacer notar que si las ofertas se hubieran acercado mucho al mínimo establecido por la Secretaría de Hacienda, los resultados muy probablemente no hubieran sido satisfactorios para las finanzas públicas.
Otro punto que vale la pena resaltar, es que su afán de no retrasar por ningún motivo las licitaciones, al menos el fallo de la primera convocatoria se dio en ausencia de normas tan significativas para los interesados como pueden ser las reglas de unitización de yacimientos o la reglamentación precisa en materia ambiental y de seguridad industrial.
En vistas de las próximas licitaciones, valdría la pena hacer un análisis sereno y objetivo de esta primera experiencia, dejando de lado los juicios apresurados y lapidarios en uno u otro sentido. Ni el pobre resultado de la primera convocatoria es el acta de defunción de la reforma; ni la adjudicación de los 14 bloques hubiera sido prueba irrefutable del éxito rotundo de la misma. Los ajustes que deban hacerse en los procedimientos, requisitos o incluso leyes secundarias, deberán ser producto de una clara jerarquización de los objetivos de la reforma y de una distribución coherente de responsabilidades entre los actores responsables de su implementación.