QUE SE TENGA MEMORIA, EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS NINGÚN GOBERNADOR DE VERACRUZ se ha visto presionado por la opinión pública para modificar en todo o en parte una ley o reglamento y lo de a conocer públicamente.
En el Congreso local sí se han dado modificaciones a una ley ya aprobada por la mayoría de los diputados priístas y sus aliados, pero sólo cuando los legisladores de oposición han interpuesto el recurso de inconstitucionalidad y han recibido un fallo favorable de los tribunales federales.
Sin embargo, no se había dado el caso en el que el Ejecutivo estatal reconsiderara y cambiara de opinión públicamente, aceptando añadir o suprimir parte del contenido de un cuerpo normativo recién votado por el Congreso local..
Todavía más. Hasta ahora, sólo el cuestionamiento de los grupos políticos o las organizaciones empresariales que veían afectado sus intereses por una nueva ley o reglamento, buscaban influir en el ánimo del gobernante para realizar cambios. Y no siempre lo conseguían.
Esta vez, en contra de una legislación de tránsito y vialidad amparada por el gobierno del estado, no sólo se manifestaron los grupos políticos y empresariales, sino que en esta ocasión hicieron acto de presencia las organizaciones civiles y la ciudadanía en general, que a través de manifestaciones callejeras, protestas en los medios de comunicación, plantones en los edificios públicos y a través del elemento eficiente en que se han convertido las redes sociales en manos de los jóvenes, forzaron a las autoridades a examinar nuevamente el Reglamento de Tránsito y aceptar tácitamente que este cuerpo normativo incluía contenía excesos que penalizaban al peatón, atentaba contra los derechos humanos, incluía multas altísimas y reflejaba un interés recaudatorio del gobierno, interés que no pocos vieron como dinero fácil destinado al proceso electoral del 2016.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa dio a conocer los ajustes al Reglamento de Tránsito pol considerar que algunas “medidas pudieran ser excesivas o mal interpretadas con respecto a los derechos y libertades de los ciudadanos”.
Entre las modificaciones están las siguientes: se eliminan las obligaciones y sanciones en contra del peatón al hacer uso de la vía púbica; se retira la obligación de los automovilistas particulares de contar un extinguidor; en vez de prohibir, se promueve el uso de taxi para el transporte de ciudadanos que se encuentren bajo los efectos del uso del alcohol y en el caso de las altas multas, se establece que se cubre la multa de tránsito en cinco días se les descuenta el 75 por ciento y a partir del onceavo día, deberá pagarse la multa completa.
No obstante lo anterior, los cambios o parches ordenados por el Ejecutivo estatal al nuevo Reglamento Vial no dejan satisfechos a todos los que se opusieron en todo o en parte a su contenido y seguramente las inconformidades continuarán buscando una reforma a fondo y no sólo superficial.
Y mientras la polémica continúa, es necesario recalcar la movilización ciudadana que elevó su estridente voz de inconformidad e hizo sentir su presión en toda la entidad y por primera vez, en muchos años, obligó a un gobernante en turno a darles la razón y ceder al reclamo colectivo realizando los cambios pertinentes en el Reglamento de Tránsito.
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