SUMAN 13 LOS EX FUNCIONARIOS MUNICIPALES DETENIDOS POR LA FISCALÍA General del Estado acusados de provocar un daño patrimonial en sus respectivos municipios.
El número de aprehendidos no es nada despreciable, principalmente si se tiene en cuenta el antecedente de que por daño patrimonial poquísimos ex funcionarios públicos han conocido la cárcel en los últimos años y los que han estado en la penitenciaria, pertenecieron a municipios pequeños, por lo que los inculpados carecieron de recursos para pagar un buen cuerpo de abogados que los defendieran o amigos influyentes que los recomendaran.
En términos generales, la historia del delito por daño patrimonial y la impunidad que lo acompaña es la siguiente: primero el Organo de Fiscalización Superior documenta el daño patrimonial detectado en un municipio o dependencia estatal; vencido el periodo para solventar el presunto ilícito, pasa a la Comisión de Vigilancia del Congreso local; vencido el periodo de gracia para que el ex funcionario demuestre su inocencia en la Legislatura, pasa el asunto a la Fiscalía General del Estado para que inicie el procedimiento penal respectivo y ahí sí, cuando el ex servidor público se da cuenta que la cosa va en serio, decide devolver lo mal habido y consigue el perdón judicial, concluyendo felizmente la historia, tanto para el ex alcalde o funcionario estatal que libra la prisión y limpia su imagen pública, como para los funcionarios y abogados que reciben su parte económica.
Pero volviendo a los 13 detenidos por la Fiscalía, tres son los ex alcaldes de Alamo, Santiago Sochiapan y Alvarado. El resto son ex síndicos o tesoreros de ayuntamientos con presupuesto reducido.
Falta por ejecutar entre 26 y 40 órdenes de aprehensión por el delito de daño patrimonial ocurrido en los ejercicios fiscales del 2008 al 2012 y el monto del probable ilícito alcanza la suma de 703 millones de pesos.
Sin embargo, no parece que vayan a darse grandes sorpresas en cuanto a las futuras detenciones y sí en cambio podría quedar comprobado una vez más, que la justicia se aplica a los ex servidores públicos menores y la gracia se otorga a los mayores.
Y es que cuando a los ex alcaldes de los municipios más relevantes del estado el ORFIS le ha detectado y confirmado desvío de recursos, con el hecho de devolver parte o todo el dinero que se le imputa, libera su culpa y no es objeto de inhabilitación por varios años para ocupar otro cargo público ni tampoco queda sujeto a un proceso penal que lo exhiba como deshonesto ante la opinión pública y, ocasionalmente, lo remita a prisión.
Pareciese que El ORFIS, el Congreso local y la propia Fiscalía consideran un gesto digno de elogio que el ex funcionario devuelva lo sustraído al erario público y le conmuta una fría celda en la prisión por un generoso el perdón.