Los aprietos económicos en que naufraga el gobierno del estado ha repercutido seriamente en las actividades y compromisos financieros de los 212 ayuntamientos veracruzanos y no hay una sola administración municipal que se queje del atraso en la entrega de las participaciones federales, de los recortes y de de la disminución de su presupuesto.
Los ayuntamientos heredan de otras administraciones las obras inconclusas o de mala calidad, un desbarajuste administrativo, un equipo obsoleto e inservible para la prestación de los servicios públicos, demandas de pago de los contratistas y prestadores de servicio así como altas deudas que los atan de manos e impiden realizar sus tareas de atención a la ciudadanía con todo y los buenos propósitos que abriguen desde el primer día de la toma de posesión del cargo.
Y entre las deudas acumuladas que representan altas sumas de dinero imposibles de saldar en un solo pago están los pasivos laborales. Esto es, el desembolso que un Ayuntamiento está obligado a realizar como consecuencia de haber perdido en los tribunales numerosas demandas de despido injustificado formuladas por muchos ex servidores públicos.
El presidente municipal y los ediles entrantes traen compromisos de campaña que buscan saldarlos dando empleo a quienes participaron en el proceso electoral. Para ello, sólo queda dar de baja al personal de confianza que laboró con el alcalde anterior, sin importar si eran eficientes y responsables en su encomienda y merecían la ratificación en el puesto. Algunos de estos servidores públicos cuentan con muchos años de trabajo y una hoja de servicio ejemplar y todo lo anterior lo hacen valer, recibiendo un laudo o sentencia favorable.
También los despidos injustificados se producen por frivolidad o capricho de los alcaldes u otro funcionario público que ordenan el despido de su personal con cualquier pretexto y sin importar lasa consecuencias económicas.
El responsable directo de los despidos injustificados sería el Síndico Unico como represente legal del Ayuntamiento. Sin embargo, no en todos los gobiernos municipales el Síndico es un licenciado en derecho o aún siéndolo, por los numerosos asuntos a tratar, se auxilia de un director o encargado de los asuntos jurídicos que se rodea de especialistas. Este cuerpo especializado en leyes es el encargado de recibir y contestar demandas, presentarse en los juicios y atender cada uno de las etapas de procedimiento jurídico.
Quien es nombrado por el Cabildo para ocupar la tesorería municipal está obligado a depositar una fianza para respaldar el buen manejo de los recursos y si no es así, hacerle efectiva la fianza para cubrir el daño al erario público.
En cambio, al encargado de la oficina de los asuntos legales no le resulta ninguna responsabilidad al perder los juicios laborales por su incompetencia, negligencia e irresponsabilidad ni tampoco a quienes propiciaron el despido injustificado que bien puede ser el alcalde, los regidores o funcionario públicos de alto nivel, no obstante a que la suma a pagar por el ayuntamiento llega a representar varios miles o millones de pesos.
Mientras exista esta impunidad, los despidos injustificados continuarán en los ayuntamientos, a sabiendas de que los responsables y los encargados de llevar los juicios laborales no les resultará ninguna responsabilidad jurídica o económica.