El proceso de implementación de la reforma energética, ha traído consigo la construcción de una nueva relación entre el Estado mexicano y Pemex. Esta relación es fundamental para determinar el nuevo modo de regulación del sector, pieza angular a su vez, del régimen de acumulación en nuestro país. El reto de la nueva dinámica sectorial es volver compatibles un conjunto de decisiones cada vez más descentralizadas, en virtud de la paulatina aparición de nuevos actores y de un cierto "reparto del poder del Estado". La consecución integral de los objetivos planteados por la reforma, implica la imbricación de la esfera meramente económica, en un espacio de interacción más amplio, determinado tanto por el marco legal, como por la negociación política en torno a una cierta jerarquización de objetivos de la reforma y el mejor método para alcanzarlos.

La redefinición de la relación entre Pemex y el Estado, quedó enmarcada en un drástico cambio de las condiciones del mercado petrolero internacional. Apenas promulgada la reforma, los precios internacionales del crudo cayeron en picada. En diversas ocasiones, nos referimos en estas páginas a la enorme carga que representaba el régimen fiscal de Pemex vigente hasta el 31 de diciembre pasado. La caída de los precios del petróleo agudizó esta circunstancia. A pesar de que ya para el tercer trimestre de 2014, los resultados de Pemex apuntaban hacia la mayor pérdida después de impuestos de sus historia, el 26 de diciembre, se anunció que la Secretaría de Hacienda transferiría en forma de "aprovechamiento" hacia el Estado, la cantidad de 50,000 millones de pesos. Tiempo después, la Secretaría de Hacienda anunció que el déficit público de 2014 fue de unos 73,000 millones de pesos menor al estimado originalmente. De manera que la sustracción de 50,000 millones de pesos de Pemex, era innecesaria y solo contribuyó a hacer más grande una pérdida que, al final del año, superó los 260,000 millones de pesos.

Un segundo elemento en la redefinición de esta relación, se dio con el anunciado recorte presupuestal del gobierno por 124,300 millones de pesos. De entrada llamó la atención la cantidad: prácticamente la mitad del recorte anunciado, correspondió a Pemex. Esto pareciera desproporcionado, pues conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación, el de Petróleos Mexicanos, era apenas el 15% del total del gasto programable. Sin embargo, "aportó" prácticamente el 50% del recorte. Aparentemente, existen rubros en el gasto gubernamental mucho más rentables que la inversión en el sector petrolero.

Ahora bien, el tema de la forma (que en política es fondo) es también de la mayor trascendencia, porque tiene directamente que ver con el respeto a los márgenes de autonomía presupuestal y de gestión, con que la reforma dotó a Petróleos Mexicanos. La Ley de Petróleos Mexicanos establece que, en caso de una disminución de los ingresos, el Consejo de Administración puede realizar un ajuste en la inversión (sin embargo, fue Hacienda la que anunció dicho ajuste). En su Artículo 102 Fracción V, la Ley de Pemex señala que la petrolera puede determinar "los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, para cumplir con la meta de balance financiero aprobada". Esta meta de balance financiero era de -156,311.4 millones de pesos. Nunca se explicó como los 62,000 millones de recorte "propuestos" a Pemex, se relacionaban con el deterioro esperado en el balance financiero como consecuencia de la disminución de los precios del petróleo. Por su parte, el artículo 103 de la misma Ley, señala que "con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán realizarse adecuaciones que impliquen deterioro a la meta anual de balance financiero". Esto significa que el Consejo de Administración de Pemex pudo haber solicitado la aprobación de un recorte que implicara cierto "deterioro" del balance financiero; pero que evitara dejar de invertir en proyectos relevantes. Por supuesto, el Secretario de Hacienda (quien forma parte del Consejo) pudo haberse abstenido de participar en esa discusión o, mejor aún, apoyar la hipotética propuesta....

En síntesis, la dinámica institucional prevista por la reforma energética, es menos vertical y unilateral, que la sucesión de hechos que atestiguamos a partir del anuncio del recorte presupuestal que hizo el secretario de Hacienda.

Con los precedentes descritos líneas arriba, nos acercamos al inicio del proceso de definición del dividendo estatal. El artículo 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos, señala que, en el mes de julio, la petrolera debe enviar a la Secretaría de Hacienda, un reporte sobre la situación financiera de la empresa; así como los "planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco años posteriores". Una vez efectuado lo anterior, la SHCP, "previa opinión favorable del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, determinará la propuesta de monto que Petróleos Mexicanos, así como cada una de sus empresas productivas subsidiarias, deberán entregar al Gobierno Federal como dividendo estatal"; para incluirlo "en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (...) para su aprobación por parte del Congreso de la Unión, mismos que solo podrán revisarse a la baja". En el artículo décimo cuarto transitorio de la misma Ley se establece que para el ejercicio fiscal 2016, el dividendo estatal será "como mínimo, equivalente al 30% de los ingresos después de impuestos que generen" Pemex y sus empresas subsidiarias.

Vistos los pésimos resultados financieros de Pemex en el primer trimestre del año ¿tiene algún sentido que la SHCP tome un "dividendo"? A partir de la Ley, la única posibilidad para evitar el absurdo de tomar dividendos de una empresa con pérdidas enormes, es que la nueva Legislatura ejerza su facultad de revisar a la baja el dividendo estatal que proponga Hacienda.

Un reto adicional para la nueva Legislatura será revisar la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Los datos, duros en más de un sentido, que dio a conocer Petróleos Mexicanos con relación al primer trimestre del año; nos deben mover a una reflexión serena y objetiva en torno a este punto. El Congreso debatió la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en un período en el que los precios de nuestra mezcla de exportación, promediaron algo más de 95 dólares por barril. Durante el invierno pasado, el precio promedio estuvo por debajo de los 45 dólares.

Uno de los aspectos del nuevo régimen fiscal de Pemex que debe revisarse a la luz de las condiciones actuales del mercado petrolero, es el límite de deducción. En la reforma del régimen fiscal de Pemex hecha en 2005, se estableció un límite de 6.50 dólares por barril producido, a las deducciones que podía hacer nuestra petrolera. Conforme evolucionó este régimen, se fueron definiendo algunas zonas de extracción que por su complejidad, pudieron contar con límites de deducción más elevados. Sin embargo, la inmensa mayoría de la producción se mantuvo sujeta al límite de 6.50 dólares, llegando a provocarle a Pemex, "costos" fiscales por más de 100,000 millones de pesos en los años previos a 2014, por el incremento en los costos de producción. Ahora bien, en la nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), en lugar de poner un nuevo límite de deducción, ajustable en el tiempo en función de indicadores que ya existen en el ámbito internacional o de la inflación; se optó por establecer como límite el 12.5% del valor de la producción. A 95 dólares el precio del crudo parecía sensato fijar un límite de deducción que rondara los 12 dólares. El problema es que con los precios actuales y dado que en el artículo segundo transitorio de la LISH se estableció que para 2015, el porcentaje correspondiente es de 10.6%, la deducción posible en el presente año será inferior incluso a los 6.50 dólares por barril producido.

En suma, la implementación de la reforma, no solo tiene que ver con la materialización de la apertura a la inversión privada de las actividades de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos. El apoyo estatal que reciba Pemex, en el proceso de conjugación del marco jurídico y la orientación de las políticas públicas en materia de hidrocarburos; frente a las reglas no escritas y las barreras latentes en la reforma, será determinante en la configuración y consolidación del lugar de Petróleos Mexicanos en el nuevo modelo petrolero mexicano.