A PARTIR DEL 2010, FECHA EN QUE ESTABA PROGRAMADO el funcionamiento formal del túnel sumergido que uniría a la congregación de Allende con la cabecera municipal Coatzacoalcos, han transcurrido 5 años sin que la obra esté concluida.
Con el transcurso del tiempo, el costo de la obra monumental se ha disparado, y de 2 mil millones calculados en el 2007, ha pasado en su último cálculo a la suma de 5 mil millones de pesos en el 2015.
En los 11 años transcurridos desde que se proyectó el túnel sumergido, se han registrado defectos de construcción, retrasos en los trabajos y finalmente la suspensión de la edificación por dos años y hoy continúa en esa misma condición.
Como en toda aquella obra en que se incluyen grandes sumas de dinero público, en esta se han registrado malos manejos en los fondos y daño patrimonial por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el Organo de Fiscalización Superior de Veracruz, sin que hasta ahora se identifique a los culpables de tales quebrantos financieros.
También han tenido lugar demandas y contrademandas tanto del gobierno del estado como de la empresa constructora española FFC por incumplimiento de lo estipulado en la concesión del túnel sumergido e igualmente por los sobreprecios registrados, los cobros indebidos y el abandono de la obra.
El caso del túnel sumergido ha sido retomado por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púbica del Estado, Tomás Ruiz, quien reveló que el Grupo Carso se había asociado a la empresa española FFC para continuar y terminar su construcción, ofreciendo invertir mil cien millones de pesos, siempre y cuando se modifique el título de la concesión en cuanto a los años autorizados para su operación. Inicialmente, el periodo de la concesión fue de 30 años y más adelante se corrió a 37 años. Ahora sería de 45 años.
Mientras el gobernador envía la reforma al título de concesión del túnel sumergido al Congreso local y éste lo aprueba, la obra registra un 90 por ciento de avance y están pendientes la construcción de las rampas de acceso y el libramiento de las áreas de PEMEX.
En esta etapa de construcción, muchos ciudadanos y especialistas continúan considerando esta obra como muy costosa e innecesaria y siguen pensando que un puente sobre el río Coatzacoalcos hubiera sido más económico y funcional.
Hay quienes, en el extremo, consideran que con todo y la nueva participación de la empresa Carso, propiedad del magnate Carlos Slim en la construcción del túnel sumergido, difícilmente estaría concluido y entraría en operación en 12 meses, como sostiene el gobierno estatal.
Lo cierto es que el túnel sumergido es una de esas obras públicas que obligan a terminarla, dada la alta inversión económica y el objetivo fundamental que le dio origen, como es la integración de la zona sur, el alivio al tráfico intenso del puente Coatzacoalcos y la comunicación de toda la zona industrial.

Pero que la obra cumpla con todas estas expectativas cuando entre en funciones, eso estará por verse y en tanto, continuará la polémica entre los optimistas y los incrédulos.