POR SABIDO SE CALLA QUE EN SU ÚLTIMO AÑO de ejercicio administrativo un gobernador premia a quienes colaboraron con él, otorgándoles nuevos cargos que les permitan continuar en la función pública o nombramientos que les garanticen altos ingresos.
En Veracruz esta ha sido una tradición. Al final del sexenio el gobernante coloca a sus favoritos en posiciones públicas donde difícilmente podrían ser removidos por el siguiente ocupante del palacio de gobierno. Su facultad llega a tal extremo que, aún cuando estos personajes no cubran los mínimos requisitos para ocupar tal o cual encomienda, eso no es impedimento para que asuman el cargo.
Quizá tal potestad del gobernador no sería tan grave si estos nombramientos o licencias que otorga son para cargos menores en los que los nuevos servidores públicos no hicieran mayor daño, dada su inexperiencia o incompatibilidad para el puesto.
Este método de selección preocupa hondamente cuando los nombramientos s de fin de sexenio van destinados a cargos de alta responsabilidad y requieren una amplia trayectoria profesional y una probada especialización en el ramo.
Tomemos como ejemplo el Tribunal Superior de Justicia del Estado, órgano que entre otras importantes funciones tiene la de garantizar la supremacía y control de la Constitución Política del Estado, proteger y salvaguardar los derechos humanos e interpretar y aplicar las leyes del fuero común y las federales.
Para ocupar un lugar en este alto tribunal impartidor de justicia debiera exigirse un amplio ejercicio judicial así como una probada honestidad a los aspirantes. Sin embargo, por obra y gracia de la política, no siempre es así.
Siendo facultad del gobernador proponer al Congreso del Estado los nombramientos de los nuevos magistrados y contando con el respaldo de la mayoría de los diputados, su propuesta siempre será aprobada.
Por tanto, el gobernador puede caer en la tentación de enviar los nombres de sus colaboradores, amigos o recomendados políticos que a pesar de carecer del perfil requerido para ejercer como magistrados, obtendrían el visto bueno del cuerpo legislativo.
Para que en Veracruz la justicia se imparta con conocimiento, equidad, imparcialidad y apegada a la ley y los impartidores gocen de la confianza ciudadana, hay necesidad de cambiar el procedimiento en la designación de magistrados para que no sea el favor del gobernante sino la capacidad y solvencia moral del aspirante la que determine el nombramiento.
Al respecto, El Foro Liberal de Abogados y el Movimiento Liberal Mexicano están proponiendo una reforma a los artículos 58 y 59 de la Constitución del Estado para que, quienes aspiren a ser magistrados tengan una carrera judicial y hayan sido como mínimo jueces.
Además, demandan que ya no sea el gobernador el que proponga los nombramientos al Congreso local, sino que sea el Tribunal Superior de Justicia el que proponga una terna para que sea el gobernador el que seleccione al mejor.
La propuesta parece sensata, pero ya se sabe, en el ejercicio del gobierno y en el quehacer legislativo pueden importar más los intereses creados que la propia lógica y el interés público.