Todos conocemos la fábula del pastor y el lobo de Esopo. Ese pastor que anunciaba que ya venía el lobo y todos los pastores corrían a salvar a sus ovejas. Con el tiempo, la falsa voz de alerta dejó de tener credibilidad entre los aldeanos y el día en que realmente se apareció el lobo, la única víctima fue él.
Pues bien, con el Organo de Fiscalización Superior y la Procuraduría de Justicia hoy denominada Fiscalía Estatal, sucede lo mismo. A lo largo de los años nos han anunciado que ya detectaron grandes y ofensivos daños patrimoniales en las cuentas rendidas por los servidores públicos estatales y municipales y que pronto serán sancionados, caiga quien caiga, porque de la ley nadie se burla. Sin embargo, de tanto repetir ese compromiso incumplido, gran parte de los veracruzanos ya no creen en esas instituciones porque nunca han atrapado peces gordos y nadie pisa la cárcel para escarmiento de los demás. En otras palabras, el lobo justiciero nunca llega y según se vislumbra, nunca llegará.
Las sumas de dinero desviadas o sustraídas por los funcionarios públicos estatales y municipales detectadas por el ORFIS han sido escandalosas y los titulares de esta institución la han hecho del conocimiento del Congreso local, desembocando en la formulación algunas denuncias en la Fiscalía General del Estado, en donde, bajo los argumentos de exceso de trabajo, investigaciones cuidadosas y tardadas o integración deficiente de las denuncias, permanecen las denuncias archivadas, dando tiempo más que suficiente para que los presuntos culpables del delito de daño patrimonial lleguen a un acuerdo financiero con las autoridades demandantes y alcancen el perdón judicial.
Y es precisamente el perdón judicial y la confidencialidad con que se conduce el ORFIS, el Congreso local y la Fiscalia General del Estado los que han hecho que la ciudadanía desconfíe totalmente de la aplicación clara y precisa de la ley, pues aún cuando son del conocimiento público las pillerías que han cometido los alcaldes y muchos funcionarios estatales, el desenlace de la historia es siempre la misma: los señalados justifican documentalmente los desvíos de recursos gracias a la asesoría de costosos despachos jurídicos y contables o del propio personal del ORFIS y la Fiscalía y cuando la justificación documental no es plena, entonces regresan parte del dinero dispuesto indebidamente, librando la cárcel y burlándose de sus acusadores y júrelo, no tardará mucho en que esos mismos malos ex servidores públicos se postulen para otro cargo de elección popular o consigan nuevo cargo en la administración pública estatal.
En esta etapa de la pregonada rendición de cuentas y de transparencia, la ley debiera aplicarse con rigor y sin distingos a los servidores públicos municipales y estatales, pues resarcir o reparar el daño patrimonial no significa que el delito no se cometió y la intencionalidad de cometerlo es lo que debe castigarse, no el arrepentimiento y la devolución de lo malhabido. Seguir otorgando el perdón judicial a los servidores públicos delincuentes es fomentar la impunidad.