En Veracruz y especialmente en la región sur, el bloqueo a carreteras y calles o toma de edificios públicos se ha convertido en el último recurso ciudadano para ser escuchado por las autoridades municipales o estatales.
Las razones para llevar a cabo estas acciones que tienen grave repercusión en el sector industrial, comercio y de servicios son de lo más variadas: el reclamo por haber dejado obras de infraestructura inconclusas o ni siquiera iniciadas; el incumplimiento de promesas de campaña; la pugna entre organizaciones obreras y transportistas y las empresas asentadas en la región; la disputa de terrenos entre los que se dicen propietarios y los paracaidistas; el atropellamiento de un vecino; los conflictos académicos o por mal manejo de cuotas en los planteles escolares; la violación a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas; la ausencia de una expedita impartición de justicia; el incumplimiento de apoyo a los ejidatarios y añada usted alguno más que conozca.
Tengan razón o carezcan de ella, el caso es que los ciudadanos buscan llamar la atención del gobierno interrumpiendo la vialidad en la ciudad, en la carretera o la autopista conscientes del grave daño que esto provoca y arriesgándose a que de una vez por todas, la autoridad competente aplique la ley y sean sancionados.
En un sistema de gobierno en donde las puertas están abiertas para que los ciudadanos acudan y sean escuchados y reciban aliento de inmediata o mediata solución a sus problemas, serían innecesarias las acciones desesperadas como los bloqueos viales, prevaleciendo el alto sentido de responsabilidad y la vocación de servicio de las autoridades .
Sin embargo, en regímenes donde se gobierna tras los muros y las puertas clausuradas, donde se carece de sensibilidad política y se peca de soberbia, los cierres de carreteras se tornan lamentablemente cotidianos.
¿Es necesario que los núcleos poblaciones agraviados lleguen al extremo de la toma de edificios, presas y bloqueos carreteros para ser atendidos por quienes tienen el deber de hacerlo?
En el caso del gobierno del estado, en las zonas neurálgicas cuentan con delegados políticos que dependen de la Subsecretaria de Gobierno y son los encargados de detectar las inconformidades ciudadanas y los posibles estallidos sociales, de informar a sus superiores y de buscar una salida plausible a los problemas.
Sin embargo, tales delegados han sido rebasados por el cúmulo de inconformidades generadas en los sectores sociales y carecen de autoridad o de capacidad de negociación para superarlas.
El gobierno estatal actual ha quedado mal con muchos y lo peor es que en este último trecho del sexenio, carece de capacidad financiera para resolver de fondo los problemas planteados por la ciudadanía veracruzana.
Sin capacidad de maniobra política ni financiera, consciente de que el reclamo ciudadano tiene sustento la mayor de las veces, el gobierno estatal está maniatado para aplicar la ley con rigor a las masas inconformes y retadoras y no juzga conveniente solicitar al gobierno federal que haga lo propio por cuanto hace a un delito federal.
El gobierno estatal prefiere seguir el tortuoso camino de siempre, aunque se afecte a terceros: el de prolongar innecesariamente el tiempo de los bloqueos viales, elaborar minutas tras minutas, acordar con los inconformes una reunión en la capital del estado y finalmente dosificar apoyos.