A finales del año pasado, a invitación de la Comisión Reguladora de Energía, ScottHempling, considerado uno de los grandes teóricos de la regulación, impartió una conferencia en la que fue enfático en señalar que el mercado no debe verse como una religión. De ahí que el establecimiento a toda costa de condiciones de libre mercado, no puede ser visto como la razón de ser, casi única, de los organismos reguladores.

De hecho, en su libro "¿Presidir o Liderar? Los atributos y acciones de los reguladores efectivos"; Scott Hempling afirma que la "visión de propósito del regulador, articula su intención". De ahí que, para que un regulador sea efectivo en el propósito de alinear el comportamiento de agentes privados con el interés público, debe tener una noción clara del significado de este último.

En ese sentido, Hempling propone que el interés público "es la mezcla de eficiencia económica, gradualismo compasivo (o flexible) y rendición de cuentas políticas". Así, el interés público no es sinónimo de la satisfacción de los intereses privados actuando en un sector determinado; entre otras razones porque, como el propio Hempling señala, la posibilidad de acceso formal a los instrumentos e instancias regulatorias, no es igual a la capacidad de acceso real de todos los posibles involucrados. Un ejemplo: a solicitud de una empresa del Grupo AHMSA, la CNH retiró al campo Anáhuac de la tercera licitación de la Ronda 1 ¿habría hecho lo mismo si la demandante fuera una comunidad indígena o un núcleo ejidal?

Por otro lado, Hempling plantea como condición necesaria para todo regulador, el conocimiento específico en cada industria y región, de la estructura de mercado, precios y calidad en el servicio, condiciones de la infraestructura física y la estructura financiera y corporativa de los actores.

La referencia a las ideas de Scott Hempling, viene a colación debido a la presentación que realizó la COFECE del documento "Transición hacia mercados competidos de gasolinas y diesel". Entre muchas otras recomendaciones contenidas en dicho texto, está la de que "conforme a la práctica internacional, (...) la responsabilidad en caso de robo sea siempre atribuible al transportista", es decir, Petróleos Mexicanos. Esta recomendación de la COFECE, despierta serias dudas sobre el "conocimiento específico" que tiene dicho organismo sobre el sector. En primer lugar, la alusión a una supuesta "práctica internacional", parece una simple muletilla porque al menos en Estados Unidos, Canadá y Colombia, el mercado paga el costo de las pérdidas.

Si en México lo asumiera PEMEX, estaría subsidiando a los importadores. De por sí, nuestra empresa ha cargado por años con un precio al productor que no reconoce los costos de transporte y logística; y que recién ha sido modificado para que el promedio de precios de referencia abarque durante más tiempo el lapso de precios bajos, con tal de no bajar el IEPS.

Ninguna empresa privada importaría bajo este régimen. Sabiendo de la gravedad del robo de combustibles en nuestro país, ¿cuál es la "visión de propósito" que "articula la intención" de la COFECE con esta recomendación? ¿cuál es su idea de interés público? ¿qué la participación de PEMEX sea paulatinamente ofrendada en el altar del mercado? ¿se da cuenta que su propuesta inhibiría la inversión en transporte?