En el sector petrolero, con frecuencia se manifiesta la distancia que puede existir
entre el efectismo político, el rigor analítico y la honestidad intelectual.
Independientemente de la posición ideológica que se asuma, el voluntarismo
inherente de los actores políticos suele terminar enredándose en la complejidad
propia del sector. Esto vale tanto para los sectores de derecha como los de
izquierda. En el primer caso, por ejemplo, durante el debate de la reforma
energética, fuimos testigos de cómo muchos de sus promotores, aseguraban que
un resultado sería la disminución del precio del gas. Argumentaban como si
México fuera “fijador” y no “tomador” de los precios internacionales. Hoy, cuando el
incremento de los precios del gas hace inevitable su reflejo en las tarifas
eléctricas, la justificación es ¡que el precio del gas es una variable exógena para
nuestro país! Y lo dicen sin asomo alguno de disculpa por la ignorancia o perfidia
contenidas en la promesa incumplida de disminución persistente de las tarifas
eléctricas.
En el campo de la izquierda, en aras de sumar apoyo social, muchos de sus
liderazgos más reconocidos, abandonan cualquier tipo de preocupación ambiental
o de eficiencia en el transporte; para abrazar sin más, el discurso conservador en
favor de la gasolina barata. Sin importar que su carácter económicamente
regresivo y ambientalmente perjudicial, estén ampliamente documentados.
Incluso, algunos representantes populares exhiben su desconocimiento del diseño
institucional del sector y recriminan a Petróleos Mexicanos por los incrementos de
las gasolinas; siendo que éstos son determinados por la Secretaría de Hacienda a
partir de reglas aprobadas por el propio Congreso, como la que autorizó para este
año una fluctuación del precio en una banda de 3% con respecto al precio del año
anterior.
Sería muy importante que, más allá del efectismo político; en el Poder Legislativo
se abordará la cuestión petrolera con seriedad para ejercer adecuadamente su
condición de contrapeso al Poder Ejecutivo. De esta manera, se podría dar un
seguimiento acucioso que obligara a los diversos entes del sector a explicar y
justificar mejor, el conjunto de regulaciones asimétricas, decisiones o anuncios,
que afectan a Pemex, en tanto que Empresa de todos los mexicanos.
Tal vez podríamos saber por qué, si ya es posible importar gasolina libremente, el
sistema de precios del productor no le reconoce los costos de transporte y
• logística en que incurre. De esta manera, la gasolina cuesta artificialmente lo
mismo en todos los puntos de venta del país.
La participación rigurosa del Legislativo, podría ayudar a que la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), explicara las razones que la llevaron a imponer un
límite arbitrario a la participación de Pemex en la comercialización de productos
como el gas natural. El acceso abierto a la infraestructura de logística y la libre
importación deberían ser suficientes para generar competencia y evitar la escasez.
También, deberíamos poder saber por qué la CRE dispuso reducir la tarifa de la
sección sur del gasoducto Los Ramones, generando con éllo, más dudas sobre la
seguridad jurídica en México.
Más allá de cualquier objetivo legítimo, "mejor la verdad", decía el entrañable
Heberto Castillo. La honestidad y el rigor intelectual como freno a la degradación
de la actividad política